Washington, 11 Abr (Notimex).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy la ejecución judicial de Ramiro Hernández Llanas, que se llevó a cabo el miércoles pasado en Texas, por considerarla violatoria de sus derechos fundamentales.
“La Comisión Interamericana deplora la falta de cumplimiento de Estados Unidos y del estado de Texas con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH”, señaló la institución de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hernández Llanas se convirtió en el décimo mexicano al que se le aplica la pena de muerte en Estados Unidos desde que este país reactivó la aplicación de la pena máxima en 1976 y en el segundo ejecutado este año, luego de Edgar Tamayo Arias, el 22 de enero pasado.
El mexicano, de 44 años y originario de Nuevo Laredo, fue declarado muerto luego que se le inyectó la dosis letal de drogas en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville, al noroeste de Houston.
En marzo pasado, se presentó ante la CIDH a nombre de Hernández Llamas una petición alegando violaciones a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como una solicitud de medidas cautelares.
El 31 de marzo pasado, la CIDH otorgó las medidas cautelares y solicitó a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta que la Comisión tuviera la oportunidad de decidir sobre dichos reclamos.
“El hecho de que Estados Unidos no haya preservado la vida de Hernández estando pendiente una petición ante la CIDH, contraviene sus obligaciones derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana en vigor desde que Estados Unidos se incorporó a las OEA en 1951”, señaló.
La Comisión Interamericana recordó que ha abordado durante décadas la cuestión de la pena de muerte como un desafío crucial en materia de derechos humanos.
Destacó que Estados Unidos es actualmente el único país del continente americano en aplicar la pena de muerte.
También reiteró la recomendación formulada en su informe 2012, de que los Estados apliquen una moratoria a las ejecuciones como paso hacia la gradual supresión de este tipo de pena.
